DOI: https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2016.11.22.4
2015 Electoral Process: Earrings by Addressing
Mtro. Sinuhé Carlos Guardado López
Profesor UNAM, FES Cuautitlán
guardadolopez@comunidad.unam.mx
Introducción
El proceso electoral 2015 concluyó y los ciudadanos vivieron un proceso electoral diferente, debido a la intensa actividad en los medios de comunicación, enmarcado por los reiterados castigos para algunos partidos políticos por violar la ley electoral con actos como la “Transmisión indebida de spots y ‘cineminutos’ antes del proceso electoral, actos anticipados de campaña, usar dinero federal para difundir campañas locales e irregularidades en los informes de pre-campaña de sus candidatos” (Guazo, Hernández y Saúl, 2015, párr. 22).
Otro de los elementos que distinguió la pasada elección intermedia es que, históricamente, tuvo la mejor participación en contiendas de este tipo desde los comicios de 1997, según las cifras del Instituto Nacional Electoral (Macedo, 2015). Se debe considerar que las elecciones intermedias por lo general carecen de interés para la mayoría de los votantes; aunque sirven de parámetro electoral muchas veces sólo marcan el inicio de las “pre-campañas presidenciales” con los famosos “destapes” de candidatos, quienes irán “aplanando” el camino rumbo a las elecciones de 2018.
Asimismo, el reciente proceso electoral estuvo plagado de diferentes sucesos, entre los cuales destacan: las reiteradas multas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); algunas de estas refrendadas, otras disminuidas o anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Igualmente, la fallida campaña mediática que culminó en un continuo “bombardeo” publicitario o spots publicitarios masivos por parte de los institutos políticos a la población a través de los medios de comunicación (Vértigo Político, 2015) e incluso los recientes “conflictos de interés” en los cuales se vio inmerso el presidente de la República a consecuencia de las propiedades de su esposa, la primera dama, Angélica Rivera; las diferencias entre los distintos institutos políticos y su inédito abandono de la mesa de diálogo en el INE (Quiróz, 2015).
Los casos de candidatos asesinados en el proceso electoral; la continua lucha (incluso en organismos internacionales) en demanda de justicia por parte de los padres de los normalistas desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos”; el internacionalmente conocido “Caso Ayotzinapa” (The New York Times, 2014); la incursión de candidatos independientes en las contiendas electorales; una importante campaña mediática fomentando el voto nulo (Entorno Inteligente, 2015); hasta la intervención y difusión ilegal de una conversación del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, de quien se exigía su renuncia (Rodríguez, 2015).
El complejo panorama político y social referido encuadró el proceso electoral intermedio de 2015, el cual redefinió el mapa electoral del país; en otros casos, llevó a la integración de coaliciones con tal de no perder poder político o, en su caso, perder la menor cantidad de este, pero siempre con miras al 2018. Sin embargo, surge una pregunta, ¿Qué retos o pendientes quedan por atender en materia política en pro de la relegada sociedad una vez finalizada esta contienda política?
Desarrollo
México con su todavía joven e incipiente democracia continúa dando sus primeros pasos de la mano de una atrasada y deslucida clase política (Reforma, 2015), la cual ha demostrado que en muchas ocasiones no está a la altura de las exigencias sociales y de las instituciones electorales del país. Estas últimas con un balance positivo. De regular a bien cumplieron en el pasado proceso electoral, a pesar de las diversas amenazas de boicot electoral por parte de algunos sectores sociales.
Sin embargo, parecería que las reprobables prácticas que aún ejerce la clase política como el “acarreo” de votantes, el condicionamiento del voto por medio de amenazas, prometiendo un beneficio en algún programa social o algún bien en especie, son prácticas vigentes y redituables que fueron documentadas a nivel internacional por Elisabeth Malkin, reportera de The New York Times, quien recabó testimonios y señaló que el gobierno del presidente Peña Nieto repartió televisiones digitales a los más pobres “para que se mantuvieran al ritmo de la tecnología”, pero la entrega de los televisores se fusionó con la campaña electoral; esta práctica tuvo énfasis en el Estado de México (Pulso de San Luis, 2015).
A lo anterior se deben sumar las operaciones políticas que algunos integrantes y representantes de los partidos políticos realizaron en el proceso electoral, así como la complicidad por error o dolo de algunos funcionarios de casilla que enrarecieron y disminuyeron la certidumbre que debería “cobijar” la jornada electoral. En defensa de lo referido, de las pasadas elecciones y del recurso humano que trabajó en ellas el consejero del INE “(…) Marco Antonio Baños aseguró que si bien hay mucho trabajo para mejorar la capacitación a los ciudadanos no se puede descalificar el trabajo de los funcionarios de casilla” (Notimex, 2015).
En conjunto, las circunstancias señaladas merman el esfuerzo de las instituciones electorales a nivel local y federal, las cuales -con mucho esfuerzo y tiempo- han alcanzado la ciudadanización, prestigio social, credibilidad (recuperada después del complejo proceso electoral presidencial del 2006) y la consecuente independencia en su gestión y actuación. No obstante, en el país difícilmente se pueden atestiguar procesos electorales que sean considerados éticos, transparentes y en los que se presencie un “debate de altura” que ofrezca a la población propuestas con alcances de largo plazo y brinden al electorado un panorama cierto, que le permita discernir en forma inteligente su voto.
Parecen solo existir confrontaciones y acusaciones infundadas que buscan desprestigiar a los candidatos durante las semanas que anteceden a la elección por el temor de perder bastiones políticos y económicos. Los procesos electorales deberían ser vistos y practicados como diserta Córdova (2011):
(…) los momentos en las democracias en las que a través del voto se renuevan los poderes públicos. Esa es su evidente función primordial. Para ello las contiendas electorales suponen la confrontación de partidos y candidatos que enarbolando sus específicos diagnósticos y propuestas (al menos en el papel) y contrastándolas con las de sus adversarios, discuten públicamente en pos del voto ciudadano.
Sin embargo, en los hechos ocurre otra cosa (…) Los partidos políticos y sus candidatos son cómplices –y de hecho los principales responsables- del vaciamiento ideológico y programático de las contiendas electorales. En general, y salvo raras excepciones, éstas son vistas más como la mera confrontación de aspirantes –más o menos carismáticos- sosteniendo frases hechas o planteamientos efectivistas [sic] –más o menos elaborados-, bajo lógicas meramente pragmáticas y cortoplacistas ( párr. 1 y 4).
Es preocupante para la sociedad mexicana la falta de opciones en la boleta electoral de candidatos preparados y no designados por “compadrazgos” o “dinastías familiares” que puedan afrontar tal responsabilidad ciudadana. También la inexistencia en la agenda electoral de propuestas que den soluciones viables no solo a los problemas torales inmediatos, sino a los de largo plazo. En contraste, los ganadores de las contiendas electorales al asumir el cargo público parecen solo buscar mantener el poder político y los consecuentes beneficios económicos, en algunos casos producto de la corrupción y el tráfico de influencias.
A lo anterior deben agregarse elementos de trascendencia cuyo costo es negativo a la ciudadanía y repercute en las finanzas públicas y el rumbo político. En la elección pasada, por ejemplo, las reiteradas multas al PVEM quien, en un hecho inédito, con fehaciente intencionalidad realizó actos anticipados de campaña promocionándose en las dos cadenas de cine más importantes del país. A estas últimas el INE también les aplicó multas por separado en Marzo de 2015, tales cadenas de cine operaron contrariamente a la medida cautelar dictada por el órgano electoral el 31 de diciembre de 2014 (Informador, 2015).
Pero aún con las medidas cautelares dictadas, los exhortos y las sanciones establecidas por el INE y el TEPJF, el PVEM no frenó sus actos: siguió contratando publicidad y realizando proselitismo a su favor[1] (con la complicidad de ciertas empresas y figuras públicas), lo cual derivó en sanciones y el pago de reiteradas multas con perjuicio al presupuesto del instituto político, fondeado gracias a los impuestos aportados por los contribuyentes.
Las intervenciones (directas o indirectas) por parte del PVEM en tiempos de veda electoral alcanzaron altos niveles de polémica, al encontrarse involucradas figuras del medio artístico y del deporte nacional. Incluso cuando el PVEM afirmó no haber estado detrás de ese tipo de acciones (CNN México, 2015). El pago de las multas con impuesto del erario público, dinero de los contribuyentes, en buena parte podría explicar una de las razones por las cual el PVEM siguió con una actitud y un proceder atrevido, omiso de la institucionalidad electoral y judicial, vulnerando claramente el Estado de Derecho antes y durante los comicios.
Las acciones con fines electorales ejercidas por el PVEM, las sanciones impuestas por el INE, pero con diferendo del TEPJF no favorecieron el clima político y el ánimo pre-electoral entre siete de los institutos políticos, los cuales mostraron su inconformidad mucho tiempo antes de los comicios, con excepción del PRI y su aliado el PVEM (Quiróz, 2015).
El resultado fue la percepción entre la ciudadanía de un “sumiso” maniobrar de las autoridades electorales y una aparente complacencia frente al PVEM, el cual sentó un precedente por ser el instituto político más multado en la historia tanto en número de veces como en montos económicos. Esto originó una demanda ciudadana en el portal change.org para pedir el retiro del registro al PVEM (CNN México, 2015), por la violación sistemática a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con fundamento en su artículo 456, inciso a), Fracción V.[2]
Además del polémico y mediático actuar del PVEM, otro de los elementos que diferenciaron la elección fue la evidente incursión del crimen organizado en los comicios. De acuerdo con información de Excélsior (2015), de octubre de 2014 a junio de 2015, un total de 21 personas perdieron la vida en situaciones de violencia, relacionadas con un partido u organización política. La lista incluye a precandidatos y candidatos a un puesto de elección popular, coordinadores de campaña, funcionarios o ex funcionarios, militantes, familiares o acompañantes de las víctimas.
Las violentas ejecuciones (algunas de estas en público) de integrantes de la clase política, quienes participaron o compitieron por un puesto de elección popular, dañaron sensiblemente la imagen de la contienda, no solo en el entorno local y nacional, también trascendiendo a nivel internacional, creando la impresión de un debilitado Estado de Derecho.
México celebrará el domingo [07 de junio de 2015] elecciones regionales marcadas por violentas presiones a los candidatos, que sufren los embates del crimen organizado para infiltrarse “a plata o plomo” en municipios en busca de seguir dominando vastas zonas del país.
La campaña electoral fue la más convulsionada en las últimas dos décadas: 16 candidatos y dirigentes políticos resultaron asesinados y una veintena de aspirantes abandonaron la carrera por temor a correr la misma suerte. Varios partidos ni siquiera presentaron postulantes en las regiones más conflictivas.
Dos de los estados más candentes son Guerrero y Michoacán. Allí los candidatos tuvieron que moverse con pies de plomo para hacer campaña, con autos blindados y custodia, sobre todo luego de que aspirantes a alcaldías fueran abatidos o secuestrados (Terra Colombia, 2015, párr. 1-2, 5).
El panorama citado, en poco ayudó a la realización de un proceso electoral seguro para quienes participaron en este. También la cercanía del crimen organizado con las “frágiles” corporaciones policiacas municipales y algunos funcionarios públicos (basta recordar el caso Ayotzinapa), en poco contribuye a la conformación de un clima de paz y seguridad, favoreciendo especulaciones en torno al origen de los candidatos, su cercanía con la delincuencia organizada y la fuente de los cuantiosos recursos que ejercen.
Sin embargo, no todas son malas noticias, gracias a la reforma electoral del 09 de agosto de 2012, se abrieron las puertas a los llamados “candidatos independientes”[3] los cuales aún compitiendo en condiciones adversas en los campos de infraestructura, recursos humanos, así como en los rubros de tiempo y economía en comparación con los partidos políticos llegaron a tener un papel más activo de lo que se preveía, marcando un parte aguas en favor de la ciudadanización de los cargos de elección popular en el país.
Aunque parecen ser pocas, son importantes las “piedritas en el camino” o los requisitos legales (siendo institucionales) que debieron cumplir los candidatos independientes, como los altos porcentajes de firmas acorde al padrón electoral de la demarcación por la cual competirían, las erogaciones derivadas de su candidatura independiente y el tiempo para cubrir tales requisitos para llevar a cabo su registro.[4]
No obstante, los candidatos independientes lograron en contados casos sobreponerse al celoso sistema de partidos políticos y en ciertas regiones del país se derrotó a los “nuevos feudalismos” que pretendían seguir dominando. Como ejemplo de lo anterior, están los casos de Jaime Rodríguez Calderón (mejor conocido como “El Bronco”) quien ganó la gubernatura del estado de Nuevo León; otro caso fue el de Manuel Clouthier Carrillo, ganador de una diputación federal por el V Dtto. Electoral de Sinaloa y, el joven, Pedro Kumamoto como diputado local por el Dtto. X del Congreso local de Jalisco.
La apertura a las candidaturas independientes y la victoria de los primeros casos permiten augurar (si bien, no del todo) una incipiente ciudadanización de los cargos de elección popular. Debido a que los partidos políticos y sus integrantes parecen trabajar bajo una misma línea, favoreciendo a la clase política y empresarial que protege a como dé lugar a su círculo cercano, sean familiares o amigos, anteponiendo sus intereses a los de la sociedad, la ley y al erario público. Petersen (2015), respalda el abuso del poder en el que cayeron los partidos políticos, situación que cobró factura a favor de algunos candidatos independientes:
(…) Los partidos son fundamentales para la gobernabilidad y la gobernanza, el problema es que en su arrogancia creyeron que la democracia eran ellos.
Los partidos del sistema se fueron alejando de los votantes y terminaron representando únicamente al sistema de poder (párr. 3-4).
Conclusiones
Existen varios pendientes por encarar en materia política y de gobierno. Por parte de la clase política destaca el asumir una inaplazable restructuración de los institutos políticos, ya que pocos partidos han defendido y visto por las causas de las clases populares y de la “sobre explotada” clase media (Feregrino, 2015), quien a cuestas lleva buena parte de la economía del país.
La victoria de los candidatos independientes fue consecuencia de los errores, omisiones, la soberbia y oídos sordos de los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda. Lo cual, se tradujo en un hartazgo, manifestado en el voto nulo expresado en las urnas, que en algunos entidades federativas, llegaría a posicionarse en la tercera o cuarta fuerza política[5], incluso por arriba de partidos como Encuentro Social, el Partido Humanista, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo (CNN México, 2015) .
Otro de los retos importantes en materia político ciudadana es la urgente defensa de las candidaturas independientes, ya que existen congresos locales como los del los estados de Sinaloa y Chihuahua, quienes les han empezado a “cerrar las puertas” a tales candidaturas (Beltrán, 2015), pretendiendo que se haga complicado en cuestión de tiempos y recursos aspirar a un cargo de elección popular. Defender el terreno ganado es una tarea que corresponde a la ciudadanía, manifestarse de tal forma que no se permita esa cerrazón política.
Parece ser que los integrantes de la clase política consideran a los puestos de elección popular (muchos de éstos “heredados” como dinastías), como medio de obtener beneficios políticos y económicos, por lo que ven con recelo que haya personas que no estén dispuestas a perpetuar viciosas prácticas políticas, siendo considerados estos nuevos actores políticos como amenazas, que podrán jugar en agravio de ese reducido grupo político-empresarial que tanto ha desfalcado al erario público.
En el punto anterior, se identifican otros problemas medulares (aunque no los únicos) del país, como es la corrupción, el tráfico de influencias o los novedosos “conflictos de interés”, los cuales desembocaron en una fehaciente “cacería de brujas” hacia un ex mandatario de una importante entidad del país, identificado como un personaje “incómodo” para el actual gobierno federal. Lo citado no es para defender al ex mandatario, pero ayuda dimensionar el evidente “ajuste de cuentas políticas” al hacer que trabajen de manera vertiginosa instituciones como la PGR, el SAT y la SHCP.
Sin embargo, los conflictos de interés también existen en los círculos cercanos a la administración federal (OHL-Gobierno del Edo. Méx.) y de la Presidencia de la República (Caso “Casa Blanca” y la Casa de Malinalco) y en los cuales innegablemente, se aplicaron “paliativos mediáticos” ante la presión social, como ejemplos están el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Transparencia y el nombramiento de Virgilio Andrade en febrero de 2015 como titular de la Secretaría de la Función Pública, quien a inicios del mes de julio de 2015 aún no hacía público algún avance en la investigación de conflictos de interés concernientes a la enrarecida forma de adquisición del inmueble denominado “Casa Blanca”, propiedad de la primera dama (Reforma, 2015).
Es necesario entablar acciones inmediatas desde la ciudadanía o con ayuda de liderazgos totalmente ciudadanos, pero con miras en el largo plazo enfatizando la rendición de cuentas de todos los servidores públicos de primer nivel en los tres órdenes de gobierno y transparentar el uso de recursos también en los tres niveles de gobierno. Asimismo, castigar de forma contundente los subejercicios de los recursos públicos de la Federación que son enviados a las entidades, quienes no los ejercen y mucho menos explican en qué fueron utilizados. Por ejemplo, el uso y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) “ejercidos” en el Estado de México (Sánchez, 2015).
Con una vigilancia cercana por parte de la ciudadanía en torno a transparencia y la defensa del acceso a los puestos de elección popular (vía candidatura independiente), probablemente en las próximas elecciones de 2018, se podrían vislumbrar las primeras señales de cambio en la clase política y en el gobierno, porque en este último rubro actualmente urgen funcionarios públicos de extracción ciudadana, que trabajen a favor de la marginada sociedad que no está siendo representada en forma digna por parte de la añeja clase política, quien aún controla en buena medida los “hilos” y, por tanto, el rumbo del país.
Referencias
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[1] Entre las acciones realizadas de forma directa o mediata por el PVEM y que se tradujeron en múltiples multas se encuentran, por citar algunas: la referida compra de espacios publicitarios previos a las funciones de cine; la entrega a domicilio de boletos de cine o kits escolares, violando la confidencialidad de datos personales, la multa a la concesionaria AP&H Communication Group, S.A. de C.V. (Tele Urban) por transmitir los spots del PVEM en el Metrobús del D.F. en tiempo de veda electoral (Animal Político, 2015); la entrega de lentes graduados (CNN México, 2015); los spots transmitidos en las televisoras, lo exhibido en la publicidad fija y móvil mencionando la entrega de vales de medicinas en instituciones públicas y lo que contenía el logotipo del PVEM y la leyenda: “Verde sí cumple, vales de medicina”, “Propuestas cumplidas” o “Propuesta cumplida, vale de medicina”, así como la entrega de papeles para tortillas con el emblema del PVEM (Ortega, 2015).
[2] Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 456:
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:
a) Respecto de los partidos políticos:
(…)
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
[3] Articulo 35. Son derechos del ciudadano:
(…)
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
[4] En el caso de un candidato independiente, por ejemplo, para contender a la Presidencia de la República se necesitarían las firmas como mínimo del 1 % del electorado nacional (aprox. 780 000 votantes), para juntarlas se tendría un plazo de120 días y sería costeado con fondos propios. Mientras que las organizaciones que buscan conformarse como partido político se les exige el 0.26 % de firmas del electorado (aprox. 220 000) para que sumen militantes y cuentan con el periodo de un año para realizar tal acción. En el caso de Senadores y Diputados, un candidato independiente requeriría como mínimo el 2 % de firmas de la entidad o distrito electoral por el cual busque contender respectivamente. Además, previo a solicitar su registro, los candidatos independientes deberán sufragar la constitución de una asociación civil con al menos tres integrantes: el propio candidato, su representante legal y un tesorero (Torres, 2015).
[5] En el Distrito Federal el voto nulo se ubicaría en la quinta fuerza política; en Puebla, Baja California y Chihuahua serían cuarta; en Aguascalientes y Sinaloa como tercera fuerza.