La evaluación del desempeño a los programas sociales como mecanismo de asignación presupuestal

Gabriela Sarahí Vargas López

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Introducción

En el devenir histórico del desarrollo, cultural, económico, político y tecnológico de la humanidad, siempre han existido diversas perspectivas para la creación, implementación y aseguramiento de la efectividad de los programas sociales, los cuáles demandan de una asignación presupuestal, que es evaluada conforme a lo aprobado en cada uno de los proyectos que aprobaron los diferentes órganos de gobierno en los ámbitos nacionales.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) (2010) indica que los objetivos de desarrollo del milenio deben proyectarse, con base a: “necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad”. Para el cabal cumplimiento de esos propósitos es necesaria la colaboración internacional, regional y al interior de las naciones que se traduzca en políticas, estrategias, programas y acciones concretas en el ámbito del desarrollo social.

México a pesar de los vaivenes económicos, políticos y sociales año con año invierte importantes recursos financieros en programas sociales y algunas estrategias para la asignación presupuestal a los programas sociales y su evaluación, son abordados en la presente aportación. ¿La evaluación como condición para cada asignación presupuestal?

El desarrollo

Aguirre (1979:86) explica que la empresa pública “se trata de una unidad económica resultante de la organización de los recursos humanos, financieros y materiales tendientes a lograr el ejercicio de una actividad económica que generalmente debe ser la producción, en segundo lugar, la empresa es pública, y ello significa que la propiedad y la dirección de la misma corresponden a una administración pública, por lo que se encuentra regulada por principios del derecho público”.

Las empresas públicas en México son instituciones que tienen como objetivo apoyar al Estado en la generación de bienes y servicios que no pueden satisfacer las organizaciones privadas o que la oferta que existe en el mercado es insuficiente para satisfacer a la población.

A través del sector público el Estado llena los espacios productivos que deja la iniciativa privada, estos espacios son explicados por el carácter no rentable de ciertas actividades económicas. Las deficiencias de la iniciativa privada tienden a ser numerosas en la medida en la que se desarrollan las nociones de seguridad social, formación educativa, bienestar, salud y desarrollo científico. Serra (1977) afirma que la administración pública es: “el conjunto de medios de acción: humanos, materiales o morales, y de los cuales dispone el gobierno nacional para lograr los propósitos y llevar a cabo las tareas de interés público que no cumplan las empresas privadas o las particulares y que determinan los poderes constitucionales, dedicados a recoger y definir la política de la nación”.

En México la Administración Pública se divide en centralizada y paraestatal: en la primera se encuentran las secretarías de estado y la consejería jurídica; y en la segunda los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos.

Todos estos reciben recursos financieros del presupuesto de egresos de la federación. Whittingham y Ospina (2000) aseguran: “el interés por conseguir una eficiente utilización de recursos en el sector público, no es un tema nuevo, pero lo que de alguna manera sí es reciente, es la necesidad de que la eficiencia se vea reflejada en resultados medibles y articulados a las políticas públicas”.

De esta manera, se han elaborado instrumentos y mecanismos para evaluar, dar seguimiento y controlar la eficiencia de la administración pública. Mientras que los presupuestos tradicionales miden los recursos consumidos, el presupuesto basado en resultados (PBR) mide la producción de bienes y servicios y el impacto que éstos generan en la sociedad, tomando en cuenta objetivos y metas, para lo que resulta importante construir un adecuado sistema de evaluación del desempeño.

Meny y Thoenig (1992) dicen que evaluar una política pública es apreciar los efectos atribuibles a una intervención gubernamental, en un campo específico de la vida social y del entorno físico; sus funciones principales son la retroalimentación o mejora, el control de responsabilidades, la rendición de cuentas y la ilustración para acciones futuras. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia.

Dentro del marco de la Ley General de Desarrollo Social (2012), el CONEVAL tiene como funciones principales:

1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y

2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

En materia de evaluación, el CONEVAL es la institución responsable de emitir los lineamientos de evaluación que deberán observar las dependencias y entidades responsables de operar programas sociales.

Asimismo tiene a su cargo las evaluaciones de la política y programas de desarrollo social que pueden ser realizadas por la misma entidad o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, a través de los cuales podrá emitir recomendaciones respecto al cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social.

Para que las evaluaciones que realiza el CONEVAL a los programas sociales sean tomados en cuenta, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2012), indica que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): “es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos“.

El SED realizará el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan de éste. El SED brindará la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y de las instituciones, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población.

La evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades se lleva a cabo, basado en el SED, el cual es obligatorio para los ejecutores de gasto y tiene como propósito realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a indicadores estratégicos y de gestión. Lo cual arrojará información que se deberá tomar en cuenta para generar el proyecto de presupuesto de egresos de la federación del siguiente año.

 

 

 

Author: RUDICS

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