México 2018: El compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas

Mexico 2018: commitment to transparency and accountability

Sinuhé Carlos Guardado López

Prof. FES Cuautitlán UNAM

guardadolopez@comunidad.unam.mx

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La antesala de las elecciones federales de 2018 presenta diversos componentes políticos, económicos y sociales de alcance nacional e internacional que enmarcan los próximos comicios federales, en especial, la elección del ejecutivo federal. La economía mexicana durante el presente sexenio tuvo un crecimiento menor a lo esperado, discrepando de las estimaciones que realizaban los defensores y promotores de las llamadas “reformas estructurales”, encabezadas por el presidente Peña Nieto, reflejo de lo enunciado fueron los recortes hechos desde 2015 en el gasto público (Martínez, 2016).

Respecto al tema de las “reformas estructurales”, por ejemplo, la reforma energética implicó cambios históricos al artículo 27 constitucional, este acto fue considerado como una traición a la memoria histórica nacional y la entrega a los particulares de la riqueza petrolera, una acción contraria a la historia nacional construida mediante la expropiación realizada a las empresas extranjeras por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.[1]

Otra de las reformas instrumentadas, y que continúa siendo polémica, es la reforma educativa. La disputa que generó tal reforma fue consecuencia de trastocar intereses de algunos grupos magisteriales, políticos y de presión, como fue el caso de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien desde hace años ha tenido enfrentamientos con el Gobierno Federal, uno de los más representativos se reflejó en el saldo fatal de los hechos acontecidos en Nochixtlán.

En la misma línea, otro de los elementos que contribuyó a la controversial reforma educativa, fue la sustitución del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett, quien a pesar de ser un priista y político experimentado, tuvo que ser removido por el presidente Peña Nieto debido a lo evidente: su incapacidad para hacer labor política y llevar a cabo la implementación de la reforma educativa, una de las reformas estructurales clave para el presidente.

El sustituto de Chuayfett Chemor, fue el entonces jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. La encomienda para el Maestro por la Universidad de Oxford, prácticamente era una: implementar la reforma educativa, algo que su antecesor no logró. La reforma del tercero constitucional y que por vez primera trastocaba intereses de grupos magisteriales, se tradujo en numerosos conflictos entre la autoridad y diversos grupos del magisterio, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.[2]

De igual forma, se podrían exponer otras “reformas estructurales” orquestadas por el presidente Peña Nieto, quien en el inicio de su mandato obtuvo lo que deseó legislativamente, los cambios constitucionales que anhelaba y consecuentemente las reformas que durante su campaña como candidato a la presidencia de la República prometió.

No obstante, aún con el apoyo legislativo y político (Pacto por México) con el que contó, el transcurso del gobierno peñista, se ha caracterizado por la existencia de notables deficiencias en materia de transparencia y rendición de cuentas, tales carencias se habían forjado desde su gestión como gobernador del Estado de México (2006-2011).

Se afirma lo anterior y se refieren algunos hechos que permiten sostener el insuficiente compromiso en materia de transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal. Lo anterior, permite sustentar la necesidad de candidatos que realmente tengan un compromiso sólido por medio de un plan de acción estructurado y funcional en materia de rendición de cuentas y transparencia.

Uno de los casos que han sido incómodos para el presidente y que comprometió la probidad su gestión previa como gobernador del Estado de México, fue el establecimiento de lazos muy cercanos que generaron suspicacias con la empresa española del ramo de infraestructura llamada OHL. Las consolidaciones de ese tipo de relaciones a la postre traerían problemas de alcance internacional, al hoy titular del ejecutivo federal y a su gabinete.

Otro de los casos de opacidad en la transparencia y rendición de cuentas fue la mediática “Casa Blanca” (de la esposa del presidente), un inmueble con un valor aproximado de 7 millones de dólares, esto manifestó una relación poco usual entre el consorcio llamado Grupo Higa y el presidente Peña Nieto, debido al alto valor del inmueble y la dudosa forma de adquirir de éste. No obstante, el consorcio referido venía trabajando en diversas obras con el ejecutivo desde que era gobernador del Estado de México, es decir, era de las constructoras “favoritas” en obra pública del ex gobernador y hoy presidente, Peña Nieto.

El escándalo de la “Casa Blanca” a los pocos días le costó a Grupo Higa la revocación sorpresiva de la licitación en la construcción del tren de alta velocidad que cubriría la ruta México-Querétaro. Asimismo, colocó en el “ojo del huracán” al secretario de comunicaciones y transportes, Jesús Ruiz Esparza, al igual que su desempeño, respecto al proceso de licitación con una de las empresas “consentidas” del gobierno federal.

También otro de los factores que contribuyeron a la polémica del inmueble referido, ubicado en las Lomas de Chapultepec, fue el despido aparentemente injustificado de la periodista Carmen Aristegui de la empresa MVS, quien junto con su equipo hizo público este controvertible inmueble de la señora Angélica Rivera de Peña, esposa del presidente.

Asimismo, la reputación y probidad del presente gobierno se vio mermado tras el destape de una propiedad de uno los miembros más emblemáticos del gabinete y que parecía hasta hace un par de años el delfín presidencial de 2018, el ex Secretario de Hacienda y canciller: Luis Videgaray. Un certero golpe periodístico señaló la existencia de un inmueble en Malinalco, del entonces Secretario de Hacienda (Videgaray), el inmueble de nueva cuenta estaba relacionado con Grupo Higa. La adquisición del inmueble referido se concretó en diciembre de 2013, a un año de la gestión de Videgaray al frente de la SHCP.

Sin embargo, para diciembre de 2013, Grupo Higa ya había obtenido contratos de cuatro instituciones de la banca de desarrollo, de la cual el secretario de Hacienda, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito y las respectivas Leyes Orgánicas, tiene que fungir como presidente de las juntas de gobierno.[3] Asimismo, otro de los contratos ganados por Grupo Higa versaba en prestar servicio de vuelos a directivos de alto nivel (Bloomberg citado en González, 2015).

En la misma línea de suspicacia, opacidad e impunidad se pueden referir los casos de los sobornos por 10.5 millones de dólares por parte de Odebrecht a uno de los secretarios intocables del presidente, de nueva cuenta: Ruiz Esparza. De igual forma, los audios que lo vinculaban al secretario con OHL, respecto a una licitación, antes que ésta fuera publicitada, otorgando información privilegiada y confidencial a una de las empresas más cercanas al presidente Peña Nieto durante su periodo de gobernador en el Estado de México.

Pero lamentablemente se pueden añadir a lo enunciado, hechos que han caracterizado al presente gobierno como: el desaseado y manipulado proceso de investigación encabezado por Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam, quienes fueron los encargados de “esclarecer” los hechos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala; la represión de forma violenta con saldo fatal en Nochixtlán, consecuencia de la implementación de la reforma educativa; la opacidad y tardía acción del gobierno federal en casos de muertes extra judiciales, es decir, los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, todos condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y, el extraño proceso de adquisición y el mal uso de tecnologías para espionaje utilizadas para espiar a periodistas y activistas sociales.

Por lo señalado, persisten elementos consistentes para sustentar que la transparencia y la rendición de cuentas es un desafío que el gobierno federal no ha priorizado. No obstante, con la mira en los próximos comicios, se debe sumar la pobre percepción que posee la población del gobierno, que a inicios de 2017 alcanzó el mayor nivel de desaprobación en la historia con un 86 % (Animal Político, 2017).

Lo anterior tornó gris la figura del presidente, quien antes de la mitad de su sexenio daba muestra de ser incapaz de cumplir sus promesas de campaña y los compromisos que se habían “firmado” antes de tomar protesta como presidente. Al 31 de agosto de 2017, el presidente había cumplimentado 102 de 266 compromisos, solo había entregado el 38.35 % de lo prometido en campaña y al inicio de su gobierno, es decir, para cumplir la totalidad de sus compromisos requeriría diez años más de gobierno (Flores et al, 2017).

Como se puede apreciar, la realidad mexicana exhibe un panorama poco alentador respecto al ejercicio de los funcionarios públicos. Empero, desde hace siglos Platón indicaba que nunca se debía mezclar la función pública con los negocios o intereses privados. Por su parte, el padre de la burocracia, Max Weber (2010) con una visión más estructurada del Estado, citaba que “con frecuencia, la burocratización se ha realizado en franca alianza con los intereses capitalistas”.

Aunque, en materia legal, se pueden destacar los esfuerzos normativos realizados en el rubro de combate a la corrupción y transparencia. Por ejemplo, en esta categoría destacan las siguientes normatividades: Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República con sus modificaciones de junio de 2016. Sin embargo, tales esfuerzos no han sido suficientes o no han logrado permear en la población quien sigue teniendo poca confianza en la clase política y gobernante.[4]

Asimismo, el fin de la crisis legislativa vivida en el Senado durante el mes de septiembre, por el denominado “Fiscal Carnal”, relativo a la pretensión del PRI para obtener un “pase automático” del Procurador General de la República (el priísta Raúl Cervantes), para convertirse en el Nuevo Fiscal General de la Nación, superficialmente augura la existencia de un contrapeso institucional adecuado respecto al combate a la corrupción.

Se refiere lo enunciado debido a que, en su momento, el posible nombramiento del Dr. Cervantes, enrarecía el ambiente y poco abonaba con relación a un desempeño imparcial y transparente que debería tener el nuevo fiscal, sobre todo, considerando en los mayúsculos escándalos de corrupción, opacidad e impunidad en diversos órdenes de gobierno y que podrían tener consecuencias penales y administrativas a ex funcionarios del actual gobierno federal.[5]

Conforme a la temática expuesta, se confirma que uno de los delitos de alto impacto económico, como se aprecia en México y América Latina, es la corrupción de los altos funcionarios públicos y como medida legal e institucional, se configura la nueva fiscalía para combatir la corrupción y los delitos de los servidores públicos, la cual tiene como encomienda institucional y social frenar el abuso del poder, piedra angular de esta clase de delitos.

Rodríguez Manzanera (2014) a este tipo de comportamientos los distingue como una forma de “macrocriminalidad” que aporta “la cifra dorada” de la criminalidad, esta es perpetrada por criminales que detentan el poder político y que lo ejercen impunemente, perjudicando a la colectividad en beneficio de sus intereses o de una oligarquía. También describe que la coalición del poder económico con el poder político ha llevado a grados de corrupción inimaginables en varias partes del mundo.

Los abusos del poder y la consumación de delitos relacionados con el cargo público, nos obliga a rememorar el pensamiento weberiano, que se contrapone con un “destacado mexiquense”, y quien marcó una escuela política de alcance nacional, el profesor Carlos Hank González, quien hizo célebre la frase: “un político pobre es un pobre político”.

Sin embargo, esa vana frase dista mucho de la referida concepción de Weber (2013), quien señaló que existían dos formas para hacer la política una profesión: vivir para la política o vivir de la política. La primera, vivir para la política implica hacer de ésta su vida, se solaza en el ejercicio del poder que le brinda equilibrio y tranquilidad a su conciencia, por haber dado sentido a su vida al haberla puesto al servicio de algo. Pero, quien pretende vivir de la política, se coloca en un nivel burdo, económico y pretende valerse de ella como fuente de ingresos.

Específicamente, la segunda forma de vivir que señala Weber, es la que tantos problemas ha causado a nuestro país, y la que ha dañado históricamente la credibilidad del gobierno y del servidor público, como prueba de lo anterior se encuentra la baja calificación que se otorga a México con relación a su alto índice de corrupción en el sector público, pero también en el privado, al considerar común el pago de sobornos a funcionarios del gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes, como el desvío de fondos públicos a empresas privadas. “Desafortunadamente la corrupción continúa afectando la igualdad en la aplicación de algunas regulaciones” (U.S. Departament of State, 2017)

Por lo expuesto, podemos afirmar que uno de los pendientes del presente gobierno a nivel federal, y para muchos gobiernos locales, es el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, debido a que por décadas se han hecho negocios a costa del erario, existen listados de irregularidades, de omisiones y negligencias, de desvío de recursos y de subejercicios en el presupuesto.

Solo por mencionar algunos casos más, tenemos el fatal socavón del paso exprés en Cuernavaca, las endebles “nuevas” edificaciones construidas por la iniciativa privada que colapsaron por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que costaron vidas, así como los incumplimientos en diversos rubros de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, se confirma que la ruta por trazar es innegable, en los próximos comicios, se necesitan de forma urgente la instrumentación e implementación de políticas públicas que permitan asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que México continúa con el socavón que crea la corrupción, el cual representa aproximadamente el 10 % del Producto Interno Bruto, según Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Forbes, 2017).

Finalmente, se debe insistir en el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas que deben tener la clase política y gobernante, pero también existe una obligación de los integrantes que conforman la administración pública en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno, es decir, necesitamos una buena administración pública, ya que por éste medio prevalece el contacto directo con las personas, con los ciudadanos, a quienes se debe responder satisfactoriamente para cumplimentar las políticas públicas diseñadas en pos del desarrollo económico y social.

De igual forma apuntalar una buena administración pública refrenda el compromiso con la protección en su forma más amplia de los derechos humanos, tal como lo indican la Constitución y los diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 41 de la Constitución Europea; la resolución A/RES/60/34 de la Asamblea General de la ONU, con fecha 17 de marzo de 2006; o bien, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del 1 de diciembre de 2009 (Vega, 2017).

Referencias

Animal Político (2017, 18 de enero) Gasolinazo sume al gobierno de Peña en su nivel más bajo de aprobación; Morena gana puntos [en línea] Animal Político Sección Redacción. Obtenido de http://www.animalpolitico.com/2017/01/gasolinazo-encuesta-pena-popularidad

Consulta Mitofsky (2016) México: Confianza en instituciones 2016 [en línea] Obtenido de www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/download/591_09dd4d5e39acf7da111c366eb252b075

Flores, L., Barragán, D., Rodríguez, S., Rosagel, S., Olvera, D., Lira, I., García, J., y Flores, E. (2017, 31 de agosto) EPN necesitaría 10 años más para cumplir los compromisos que le hizo a México en 2012: lleva 38.35% [en línea] Sin Embargo Sección Investigaciones. Obtenido de http://www.sinembargo.mx/02-09-2017/3294683

Forbes (2016, 30 de mayo) La corrupción cuesta hasta 10% del PIB de México: CCE [en línea] Forbes México. Obtenido de https://www.forbes.com.mx/la-corrupcion-cuesta-10-del-pib-mexico-cce/

González, R. (2015, 28 de agosto) Videgaray era titular de Hacienda al cerrar compra de casa en Malinalco [versión electrónica] Periódico La Jornada Sección Economía, p. 27. Obtenido de http://www.jornada.unam.mx/2015/08/28/economia/027n1eco

Martínez, J. (2016, 10 de septiembre) México dice adiós a la promesa de Peña Nieto de un crecimiento fuerte [en línea] El País Sección Economía. Obtenido de https://elpais.com/economia/2016/09/10/actualidad/1473475643_455687.html

México (1940, 09 de noviembre) Diario Oficial de la Federación, Art. 27. Obtenido de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/federal/reformas/rc029.pdf

(2017) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(2017) Ley de Instituciones de Crédito.

(2017) Ley Orgánica de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

(2017) Ley Orgánica de Nacional Financiera.

(2017) Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

(2017) Ley Orgánica del Banco de Obras y Servicios Públicos.

(2017) Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

(2017) Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Rodríguez, L. (2014) Criminología. 28 ed., México: Porrúa, p. 515.

U.S. Departament of State (2017) Investment Climate Statements for 2017 [en línea] Bureau of Economic and Business Affairs. Estados Unidos de América. Obtenido de http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm?year=2017&dlid=270082

Vega, D. (2017) La buena administración pública como derecho humano [versión electrónica] Revista Aapaunam, Año 9, No. 1 Enero-Marzo, 11-15.

Weber, M. (2010) ¿Qué es la burocracia? 4ª ed., México: Ediciones Coyoacán, p.88.

(2013) El Político y el Científico. 3ª ed., México: Ediciones Coyoacán, p. 17.

  1. El artículo 27 constitucional conforme al Diario Oficial de la Federación el 09 de noviembre de 1940 estableció que “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos” (DOF, 1940).Por su parte, la reforma de 2013 derivó en que:Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
  2. Con la reforma de 2013, el artículo 3º adicionó la Fracc. IX, que enuncia:IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
  3. La Ley Instituciones de Crédito en su artículo 43 Párrafos 1-3, señala:Artículo 43. El director general, dentro de sus funciones administrativas, someterá a la consideración del consejo directivo los proyectos y programas relacionados con las facultades que al propio consejo confiere el artículo anterior. Además de las señaladas en esta y otras leyes, es facultad del director general la de designar y remover delegados fiduciarios (…).El director general será designado por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y tal nombramiento deberá recaer en la persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 24 de esta Ley.Asimismo, se debe mencionar que cada una de las Leyes Orgánicas de las Instituciones que conforman la Banca de Desarrollo, señalan que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, será quien presidirá el Consejo Directivo. En específico cada una de las leyes orgánicas lo puntualizan del siguiente modo: Ley Orgánica del Banco de Obras y Servicios Públicos: Art. 17, Fracc. I, inciso a); Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior: Art. 16, Fracc. I, inciso a); Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal: Art. 14, Fracc. I, inciso a); Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros: Art. 17, Fracc. I, inciso a); Ley Orgánica de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada: Art. 39, Fracc. I, inciso a); y, Ley Orgánica de Nacional Financiera: Art. 17, Fracc. I, inciso a)
  4. Conforme a una encuesta realizada por Consulta Mitofsky y publicada en octubre de 2016, la población otorga una baja calificación (en escala de 0 a 10, considerando que 10 es la calificación más alta y 0 la más baja), a las siguientes instituciones: la SCJN con 5.8; los senadores 5.2; la presidencia 5.1; los diputados 5.0; y, los partidos políticos 4.8
  5. Sin embargo, y contrario a todos los pronósticos, Raúl Cervantes renunció el 16 de octubre de 2017 a su cargo como Procurador General de la República, excusándose en que algunos legisladores y políticos habían usado su nombre y sus supuestas aspiraciones (a ser Fiscal General de la Nación) para no avanzar en la aprobación de leyes que permitieran mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro país.

Author: RUDICS

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