Conflicto armado y la “Vía Política”: Los casos de la Unión Patriótica y MOVADEF en perspectiva

Posted By RUDICS on Mar 2, 2014 |

DOI: https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2014.5.8.1

Armed conflict and the “Political Way”: The cases of the Patriotic Union and MOVADEF in perspective

José Carlos Medina Montes

cernesto.jc@gmail.com

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Resumen:

Este artículo presenta un contraste entre dos experiencias organizacionales enmarcadas en dos momentos políticos distintos que tienen como eje un conflicto armado interno. Resalta la actuación del Estado y ciertos sectores sociales para mantener al margen de la participación política institucional a los colectivos políticos surgidos desde los movimientos alzados en armas. Hace un compendio del desarrollo de la Unión Patriótica en Colombia y los mecanismos de criminalización de su participación política abierta en el curso de un conflicto armado inconcluso, en paralelo resume el caso del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en Perú, y el vedo de su participación política formal en condiciones de un conflicto armado finalizado.

Palabras clave: Conflicto armado, Unión Patriótica, Movadef, participación política

Abstract:

This article describes a contrast between two experiences of political organizations. Both of them happened in different political moments, both have as central concept an internal armed conflict. Emphasize the States performance, and others social sectors, for keep on the edge of the institutional political participation the political groups appeared from the armed movements. In this way, we make a resume of the “Union Patriótica” and its development in Colombia and the mechanisms for criminalize its open political participation in the middle of an unconcluded armed conflict, in a parallel resume we will expose the case of “Movimiento por Amnesia y Derechos Fundamentales” in Peru and the prohibition of its formal political participation when the armed conflict had been ended.

Key words: Armed conflict, Union Patriotica, Movadef, political participation

Introducción

“No hemos elegido la violencia por la violencia misma, pero vemos que es el único camino que nos queda. En este sentido somos pacifistas”. María Antonia Berger, dirigente de las FAR de Argentina, desaparecida en 1979.

El 9 de Julio del 2013 se anunció la sentencia N° 11001-03-28-000-2010-00027-00 de fecha 4 de Julio del mismo año, emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Bogotá, Colombia. En ella, la judicatura se pronuncia a favor de que se declaren nulas las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia en lo concerniente a la supresión de la personería jurídica del partido político Unión Patriótica (UP).

UP nació en 1985 en el marco de las negociaciones para lograr un acuerdo de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC-EP) y el Estado colombiano. En el curso de su desenvolvimiento como fuerza política legal sufrió el ataque sistemático de grupos militares y paramilitares, que, según las cifras estimadas, habrían costado la vida a cerca de 5000 militantes, entre los que destacan dos candidatos presidenciales.

Hoy, en un escenario político signado por la apertura de una nueva Mesa de Diálogo en Colombia entre los actores del conflicto interno, el fallo ha sido apreciado por los representantes de ambos bandos como un mecanismo que aporta a la sostenibilidad de un entendimiento que permita poner fin a la violencia política abierta que vive el país hace más de cinco décadas.

En contraste, el 20 de enero de 2012, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Perú emite la resolución N° 008-2012-ROP/JNE, mediante la cual deniega la inscripción en el registro al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización política surgida en el año 2009, tras el cambio de estrategia del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL), luego de la captura de su líder máximo en 1992.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había dispuesto mediante Resolución N° 002-2012-JNE declarar nula la primera resolución emitida por el ROP ante la solicitud del Movadef de inscribirse como partido político legal, habiendo presentado los planillones con la cantidad de firmas solicitadas para tal acto. La nulidad estaba causada por el hecho que la primera resolución no había analizado los requisitos formales exigidos a toda organización política, deteniéndose únicamente en el extremo referido a la ideología del mencionado grupo.

El boom mediático y político que generó la primera resolución del JNE decidió el curso de lo que sería un segundo pronunciamiento, el cual, debido al desistimiento del recurso de apelación de los propios interesados, solo asintió el mismo, declarando firme la última resolución del ROP. Esta, además de ratificar el análisis de fondo de su primer pronunciamiento, hacía extensivo una serie de requisitos formales que consideraba subsanables, no así, el hecho de que la organización solicitante mantuviera como principio la ideología conocida como “marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo”.

Haciendo un paralelo entre ambas historias, el presente trabajo busca evidenciar los contrastes existentes en torno a las realidades de las organizaciones políticas peruanas y colombianas, en particular el Movadef y la Unión Patriótica, así como el tratamiento de la problemática surgida a partir de la finalización del conflicto armado interno (o su potencial conclusión en el caso colombiano), en cuanto al reconocimiento de la capacidad de la actuación política postconflicto de los agentes involucrados en el mismo, reconocidos en su momento como fuerzas enemigas del Estado.

Es nuestra intención contribuir a hacer visible la reconciliación como problema, en escenarios marcados por una crisis de institucionalidad permanente que desdibuja las posibilidades de reconstrucción de una estructura social bien constituida, pero que fue inexistente antes, durante y después de ocurrido el enfrentamiento armado.

Silencio de las Armas y Sangría: Unión Patriótica

 Historia

Entre los días 4 y 14 de mayo de 1982 se llevó a cabo la Séptima Conferencia de las FARC-EP. En ella, fue definida como estrategia política la “búsqueda de una salida política al conflicto social y armado, creando las condiciones para una paz duradera y con justicia social”. Según la organización guerrillera, existían los factores suficientes para lo que denominaban un “asomo de situación revolucionaria” que permitía una “nueva perspectiva operativa en el camino a convertirla en un movimiento guerrillero ofensivo” (Medina, 2012: 113).

La coyuntura nacional marcada por los primeros años del gobierno del conservador Belisario Betancur, ganador de la presidencia con base en una retórica de paz, sumado a sucesos internacionales como el triunfo sandinista en Nicaragua y los altos niveles de confrontación política en El Salvador y Guatemala, constituyeron el marco para el análisis de una coyuntura favorable a los ojos de los líderes de la guerrilla, que, en un mismo acto político hacen una reingeniería de su estructura armada a la vez que apuestan por una estrategia de negociación paritaria con el Estado. La decisión provenía del XIII Congreso del Partido Comunista de Colombia (PCC) reunido en diciembre de 1980, cuyo Comité Central estaba conformado por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, jefes máximos de la guerrilla. En aquella instancia, el PCC había determinado la necesaria participación de la guerrilla en el marco de la actividad democrática tradicional (PCC, 1980).

El gobierno de Betancur, por su parte, había asegurado el 7 de agosto de 1982, durante la toma de mando, que “no habrá una gota más de sangre y que se alce la bandera blanca de la paz”. Consecuentemente, el 30 de enero de 1983 ocurrió la primera reunión de la Comisión Nacional de Paz en la región de Huila. Pese a las reticencias de importantes sectores de las fuerzas armadas, su labor será efectiva y en consecuencia el 28 de marzo del año siguiente, es firmado un acuerdo de cese al fuego, tregua y paz, conocido como los “Acuerdos de la Uribe” (Romero, 2011). El séptimo numeral de los acuerdos establecía que, tras un año de implementación y fiscalización del cese al fuego, las FARC-EP podrían organizarse política, económica y socialmente según su libre decisión.

El 21 de marzo de 1985, en un acto público realizado en Bogotá, ocurre el lanzamiento oficial del partido Unión Patriótica, y, a partir de esta fecha, se suceden un sinnúmero de manifestaciones multitudinarias de la organización; en las mismas, participan también con sus logos y consignas, miembros de las FARC-EP. En paralelo, se produce un incremento exponencial de la actividad paramilitar y la represión militar hacia las protestas urbanas y campesinas, así como a las demostraciones de apoyo de masas al nuevo movimiento político. Al año siguiente, Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, aprovechando una visita del Papa denuncia los crímenes acecidos contra la naciente organización, “que han dejado más de 200 víctimas en menos de un año” (Romero, 2011: 260).

La dura batalla por la paz

La UP representó para la izquierda colombiana un incremento notorio de su aceptación en los términos de la vida democrática institucional: la primera elección significó, con sus más de 329 mil votos, un incremento de más del 100% respecto de su participación anterior, lo que la condujo a ser una opción política con representantes electos en todos los niveles y territorios. El aniquilamiento selectivo de sus militantes, entre activistas de base, diputados, senadores, alcaldes, concejales y sus dos candidatos presidenciales (Pardo Leal en 1986 y Bernardo Jaramillo en 1990), ha alcanzado la impactante cifra de 6 mil asesinados en sendas campañas denominadas “Baile rojo” (1986), “Esmeralda” (1988), “Golpe de gracia” (1992) y “Retorno” (1993), denunciadas por la prensa y las organizaciones de Derechos Humanos (REINICIAR, 2005). Por ello, en 1993, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual fue admitido el 12 de marzo de 1997 con el número 11.227. En la demanda se presentan pruebas de 1163 homicidios de los alrededor de 4500 que estiman en la actualidad los demandantes (Quiroga, 2011).

Las diferentes administraciones gubernamentales colombianas (Gaviria, Samper y Pastrana), posteriores a la ruptura de las negociaciones entre las FARC y el Estado, ocurrida en 1987, han visto el tratamiento del proceso de paz como un mecanismo de negociación, manteniendo una estrategia de derrota militar de la insurgencia. Este pragmatismo es la respuesta ante el análisis técnico del Estado, el cual interpreta que también para la guerrilla el diálogo es una táctica de paz dentro de una estrategia de guerra, dedicándose únicamente a lograr estabilidad en el escenario bélico “bajo la égida de una estrategia de instrumentalización de la salida negociada al conflicto político y armado en la búsqueda de un descenso del perfil político y el protagonismo reivindicativo de los grupos insurgentes” (Arias, 2008: 26).

En este sentido existe casi nulo margen para la articulación de una propuesta de salida al conflicto por la vía de la franca negociación. Ello redunda en la perpetuación de las condiciones que hacen posible que siga vigente el conflicto armado más antiguo de América del Sur, condenando a su vez a la sociedad colombiana y en especial, a los sectores más vulnerables, a la perpetuación de la espiral de violencia.

La política que prefiere la desmovilización individual tuvo a su más alto exponente en Álvaro Uribe, quien encabezó el gobierno en 2002. La puesta en marcha de la doctrina de Seguridad Democrática juzga, en la práctica y en el discurso, el tratamiento que dieron sus predecesores gubernamentales al conflicto armado. La nueva política uniformiza ante el Estado a las bandas paramilitares y las organizaciones guerrilleras (“grupos armados ilegales”), englobando al conjunto bajo el concepto de “terroristas”.

De esta forma, la única posibilidad de apertura al “diálogo” se transformó en la renuncia al ejercicio de la actividad militar y la entrega incondicional de las armas. Sin negociación de por medio que reconozca los orígenes políticos del conflicto, lo que cerraban categóricamente las posibilidades para el cese del mismo. Empero, dejaba llano el terreno para la desmovilización individual, generando un clima de impunidad, en tanto, también de forma pragmática, abordaba el problema del perdón y la reincorporación de los agentes armados a la sociedad civil. Así lo han hecho los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), transitando el camino del desarme a la vez que exigiendo garantías jurídicas favorables, convirtiéndolo en un fenómeno complejo: indultos directos a más de 30 mil desmovilizados, solicitudes de extradición pendientes por delito de narcotráfico y una diáspora de bandas armadas que disputan el control de territorios para actividades ilícitas (Villarraga, 2013).

En tanto, el tratamiento para las víctimas de lo que algunos ya denominan “genocidio político” (Cepeda, 2006), ha pasado por intentos de conciliación entre los familiares y sobrevivientes con el Estado colombiano, denunciado internacionalmente. El resultado fue el rompimiento de las negociaciones para una solución amistosa en julio del 2006, debido, según las víctimas, no solo a la negativa gubernamental para aceptar las propuestas de los demandantes sino que “durante el primer gobierno de Uribe se perpetraron por lo menos 136 homicidios, 38 desapariciones forzadas y 28 atentados contra los sobrevivientes y sus familias” (REINICIAR, 2006: 3).

Visto lo anterior, cabe concluir que suprimir la personalidad jurídica de la UP en el año 2002 y la actual reversión de dicha decisión, plantea dos escenarios distintos: Uno, inserto en una lógica de aniquilamiento y sometimiento de la insurgencia y todos sus componentes políticos subyacentes; Otro, una estrategia que apostaría nuevamente por una salida negociada al conflicto que habrá de comprometer, entre otras reformulaciones de importancia nacional, el paso a la “vía política” como única posibilidad de participación de lo que hoy se mantiene como un movimiento armado.

El parto del giro estratégico: MOVADEF

 Historia

La captura de Abimael Guzmán Reynoso, líder del PCP-SL, en septiembre de 1992, fue el punto de inflexión más importante durante el conflicto armado peruano. Esto, no debido a la manida justificación senderista de que la guerra no pudiese continuar sin la dirección, sino por cuanto era la propia dirección, en razón de su detención, quien sojuzgó el destino de la acción armada, elaborando un argumento teórico que calzara en la comprensión de sus militantes, sabedora del manejo idolátrico hacia su líder por parte de sus seguidores. Esta lógica era posible en cuanto reproducción del propio egotismo de Guzmán, quien aseveró estar convencido, a una semana de su captura, que la guerra no tenía posibilidad de éxito. Así, el 20 de octubre de 1992 indicó a los custodios penales que quería iniciar negociaciones para un acuerdo de paz (CVR, 2003, II: 120).

Las conversaciones exploratorias iniciaron en un contexto político nacional enmarcado por el referéndum sobre la aceptación de la nueva carta magna dada por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) tras el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992. Fue evidente que el ofrecimiento de acuerdo para la paz, hecho público, por la cúpula senderista estaba siendo utilizado no solo para desmovilizar a los militantes armados aprovechando su vocación “seguidista” (Ibarra, 2010), sino también para ganar la votación, razón por la cual, ocurrida esta, las sesiones con Vladimiro Montesinos, interlocutor del gobierno, fueron de más a menos (Villegas, 2011).

El Estado afianzó la idea de un régimen vencedor, que implicó una política autoritaria; en tanto, el PCP-SL logró la sujeción de gran parte de su militancia al cambio de estrategia de su líder (el gobierno posibilitó una reunión de la dirección para ello), olvidando la mayor parte de dispersiones post-captura, además de obtener trato distinto en las condiciones carcelarias para la cúpula[1], en relación a otras, como la del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que se negó a cualquier acuerdo con el fujimorismo tras el golpe de Estado.

El desmoronamiento progresivo del régimen fujimorista (1998-2000) supuso acaso para el PCP-SL también una nueva etapa para replantear los objetivos que habrían de motivar su actuación como conjunto orgánico. La nueva posición se materializó en un documento llamado “Cinco puntos para la coyuntura”, redactado en noviembre de 2000, durante un encuentro de la dirección senderista en el proceso de reclamo por mejoras carcelarias; asimismo, el 19 de diciembre del mismo año, mediante carta dirigida al presidente Valentín Paniagua, Guzmán y Elena Iparraguirre hicieron de conocimiento al Estado su nuevo leitmotiv como organización política: “una solución política a los problemas derivados de la guerra interna iniciada en mayo de 1980” (Iparraguirre, 2003: 87).

Este será el origen de un conjunto de estrategias que tienen la pretensión de ubicar al PCP-SL en una nueva etapa de participación en la vida política del país. De este modo, en 2002 surge, con la presencia del abogado de Guzmán, Manuel Fajardo, un colectivo denominado Movimiento Popular de Control Constitucional que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad de la legislación antisubversiva heredada del régimen fujimorista. El TC falló declarándola fundada en parte (STC-010-2002-AI) debido a la evidente lesión de los derechos constitucionales que representaban muchos de los decretos ley del llamado “fujimorato”.

De esa victoria legal con relación a la fundación del Movadef, el 20 de noviembre del 2009, quedaba una corta distancia, marcada quizá por la espera a los discernimientos del líder, quien condensó su más reciente estrategia en el libro “De puño y letra”, publicado tres meses antes de la fundación del nuevo movimiento.

Vae victis

Trasuntando los caminos ya recorridos por otras organizaciones que se alzaron en armas durante el siglo XX en América Latina, el PCP-SL a través de sus estructuras periféricas autogeneradas en las que comparten activismo con una masa de simpatizantes de su proyecto e incluso, paradójicamente, con algunos militares y policías retirados que pretenden una “amnistía general” para “todos los participantes de la guerra” (MPCC, 2010), desea insertarse en la participación política abierta. Desde luego, su particular condición de fuerza vencida en el terreno militar desfavorece sus pretensiones. Ello no hace mella en su capacidad para procurarse vida y activismo político en los más diversos organismos sociales, granjeándose la animadversión de importantes sectores de la sociedad civil debido a la inmanencia del recuerdo de los años del conflicto[2].

La propuesta que enarbolan es a todas luces paradigmática para el conjunto de procesos armados en América Latina. Esta característica no disminuye la contrariedad que implica aceptarla, para un conjunto social atravesado aún por el recuerdo de la guerra. La practicidad con la que se enuncia una “reconciliación nacional” como consecuencia de una amnistía que alcance a todos los actores del conflicto y que conlleve al completo desarrollo de la identidad nacional, está acorde con la lógica de los esquemas teóricos que el PCP-SL utilizaba aun antes de la guerra para la interpretación de los problemas sociales.

Es probable que sea la única reminiscencia del corpus teórico que dirigió buena parte del proceso de la violencia y que hoy conduce los objetivos del nuevo colectivo: la lógica del pensamiento Gonzalo, un pragmatismo que hoy renuncia a la retórica de extrema contraposición con todos los agentes ajenos a la estructura partidaria para saltar al terreno opuesto: el de la conciliación, sin mayor debate con los viejos actores armados del Estado; la mayor parte de ellos, culpables de violaciones a los Derechos Humanos e impunes aún.

Las formas de razonar los fines y las estrategias para alcanzar dicho propósito está sustentado en esa lógica; Alfredo Crespo lo expone en estos términos: “la diferencia es que para nosotros es una guía, una orientación, y para ellos es su ideología” (Diez y Lerner, 2012: 39).

No es el objetivo de este artículo debatir los límites de tal conjunto ideológico o su metodología teórico-práctica. En cambio, queremos hacer hincapié en la improbabilidad de que, una vez más, pueda llevar a término su cometido. La tendencia contemporánea que pone en relieve y privilegia las políticas internacionales de memoria histórica y sanción a los responsables de crímenes contra la humanidad, si bien en algunos extremos deficiente con los manejos de la impunidad, avanza, respaldada en más de los casos por gobiernos dirigidos por víctimas o familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos. En un escenario así, la propuesta actual del Movadef pareciera situarse fuera de los ciclos de la historia y de la geopolítica latinoamericana[3].

Las sobradas reticencias del Estado y sectores conservadores de la sociedad a posibilitar un “reencuentro” con quienes se niegan a retractarse de sus fundamentos ideológicos, pese a la rotunda transformación de estos, no coadyuvará sino a la profundización de las secuelas sociales del conflicto. La impunidad de buena parte de los vencedores, en contraste, con el cada vez más duro tratamiento penal y trabas de reinserción social para los vencidos, solo aportan a la conversión de invisibles pulsos subjetivos en una muy visible tensión social.

A modo de conclusión

Colombia y Perú tienen como contrapunto en su historia ser los países que han experimentado el proceso de conflicto armado interno más largo de América Latina, el primero y, en palabras de Hobsbawn, “el movimiento insurreccional más formidable de la década de los ochenta” (1998: 454), el segundo. Cada país, con sus peculiares condiciones políticas: un régimen bipartidista que alevosamente frustró una expectativa popular de reformas sociales (fundamentalmente campesinas) desde el magnicidio del caudillo Gaitán, como es el caso colombiano; o una sociedad en tránsito, que tras haber experimentado una de las reformas agrarias más importantes del continente, ve florecer una guerrilla “campesinista” liderada por la intelectualidad regional, como ocurrió en el Perú (Degregori, 2010).

En ambos casos, son conflictos internos que se resisten a desaparecer del imaginario colectivo de sus sociedades debido a que han marcado la historia política de los respectivos países en los últimos años. Acudimos por ello en la actualidad al encuentro de diversos tipos de memoria, que en su mayoría, acomodaticiamente, buscan librar responsabilidad de los sectores dirigentes del proceso armado (Agüero, Portugal y Muñoz-Nájar, 2012).

Ello impulsa a concebir la necesidad de atravesar una transición más compleja que la vivida por los países que padecieron dictaduras militares, una transición de “doble vía”, propia de las circunstancias de horizontalidad de la barbarie (en uno y otro caso) al interior de los procesos armados permitiendo la complementariedad de la justicia retributiva y restaurativa (Uprimny y Saffon, 2006). Si bien compleja, por los requisitos que plantea para su dación, ambos conflictos, uno por su longevidad el otro por su sevicia, poseen las condiciones para una salida de este tipo.

Para el caso peruano, aun cuando ha existido la derrota de un sector de los involucrados, es pertinente, en tanto la vida política se ha visto signada por un eterno, y por ello útil, “combate” a todas las expresiones que son un recordatorio del potencial “violentista” de la izquierda. Se promueven así prácticas (y leyes) que uniformizan la interpretación estatal del proceso de violencia política, se criminaliza a los excarcelados por razón de su involucramiento durante el conflicto (en el bando de los vencidos) y se llega a extremos de impedir el libre desempeño de sus capacidades ciudadanas en el marco de su reinserción[4]. Cada una de estas circunstancias evidencia la vitalidad del conflicto en una etapa de postconflicto.

Una suerte de permanente vendetta sobre los vencidos, que, en un país con abismos sociales tan hondos, podrían terminar por configurar nuevos escenarios de potencial violencia acendrados en el resentimiento de la marginalidad, que a su vez, como en el caso colombiano, se basan en una exclusión política y correlación con la procedencia económica de quienes la padecen. Si bien en momentos y condiciones históricas diferentes, recordemos que en Colombia la negativa a la apertura política hacia la participación dentro del marco institucional de los sectores insurgentes ha costado la oprobiosa suma de 200 mil muertos.

La apuesta no es, desde luego, a la construcción de una “transición amnésica” en uno u otro caso, ya sea por el camino de la negociación política (Colombia) o la profundización de las políticas de reparación (Perú), sino que consideramos necesario referir que es plausible que la memoria del proceso quede abierta para la interpretación de los sectores enfrentados, en tanto ninguno logre establecerse dentro de un ordenamiento social del todo funcional a sus expectativas, sobre todo cuando la causa del conflicto remite a una profunda contradicción interclasista[5].

Tal contexto no es óbice para la aceptación de la impunidad, en tanto las transgresiones a la dignidad más básica de los seres humanos no transitan por el camino de la pura interpretación subjetiva y, si bien pueden apelar algún tipo de justificación, esta se doblega ante la naturaleza de hechos que una civilización determinada aborrece o abjura de su comisión. La falta de reconocimiento de la violación de un derecho humano y su correspondiente sanción, por el contrario, genera ambigüedades que estimulan la repetición de los sucesos (Martin, 2000).

En Colombia, las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno caminan hacia acuerdos que permitan la participación política de fuerzas opositoras, incluso al Estado, en los marcos de una institucionalidad reformada. Sin embargo, la represión contra los movimientos sociales mantiene vigencia y no son pocos sectores sociales que aún se ven representados por la política “uribista” de confrontación sin diálogo. La mayor parte de la población empero apoya la negociación para el fin del conflicto a sabiendas que es un muy aprovechable momento político de definiciones para la guerra y, sobre todo, oportunidades para la paz. Una paz que debería permitir que partidos como la Unión Patriótica puedan convertirse en referentes sin temer la desaparición, la tortura y/o la muerte de sus integrantes.

En el Perú, el número de sugerencias de reformas institucionales planteadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) contrastan con la acumulación de heridos y fallecidos en conflictos sociales en los gobiernos posteriores a la dación del “Informe Final”, debido, casi en su totalidad, a la falta de reformas del sistema socioeconómico supérstite. Es decir existe un tránsito inacabado para la paz, a causa de la política de la última dictadura que impide clausurar las brechas y profundiza la frustración y marginalidad. Ello refrenda, con el fin de garantizar los derechos más básicos del conjunto de la sociedad, avanzar por el camino de transformaciones político-sociales que permitan el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR y que impidan, de ser posible, las condiciones para el surgimiento o desarrollo de nuevos fenómenos de violencia.

Referencias

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